El pasado miércoles, 10 de noviembre, una empresa de traducción jurada con sede en Sevilla y otras ciudades españolas tuvo la gran idea de lanzar una nueva herramienta de traducción con el objetivo (según ellos) de «agilizar los procesos y reducir los plazos de entrega», pero que, sin ninguna duda, está más bien encaminada a reventar el mercado de las traducciones juradas y llenarse el bolsillo sin miramientos ni ética. Gracias a la movilización de todo el sector, la empresa se vio obligada a borrar las publicaciones en redes sociales (e incluso a borrar su perfil de Twitter) y durante unos días puso el sitio web en mantenimiento (aunque solo estaban esperando a que pasara la tormenta para retomar sus malas prácticas).
Pero empecemos por el principio:
La empresa en cuestión ha creado una herramienta que ofrece al cliente la posibilidad de hacer la traducción él mismo para que, después, ellos la «validen en tiempo real». La agencia misma lo ha definido como un «IKEA de las traducciones». Que sí, que todos tenemos algún mueble de IKEA, pero ya sabemos de qué es sinónimo: probablemente defectuoso y ¿barato? Ahora veremos que no tanto.
La aplicación en sí consiste en una plataforma a la cual han subido plantillas de distintos documentos ya traducidos (documentos relativamente estándar, como certificados de nacimiento, títulos universitarios, títulos de idiomas…) que el cliente solo tiene que descargar (previo pago, claro) y cumplimentar con sus datos. Después, lo reenvía a la empresa y el traductor jurado lo «valida» (lo cual no sabemos muy bien qué significa, aunque al menos, se agradece que no mientan y digan que lo van a revisar porque está claro que, por ese precio, no lo harán), lo firma y lo sella. Todo ello en el instante y a mitad de precio. Seguro que en su cabeza la idea sonaba genial, pero es un despropósito para todos: clientes, profesionales del sector y el propio traductor jurado.
Te vamos a contar por qué.
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Las traducciones juradas debe realizarlas un traductor jurado
Como bien ha publicado en su Twitter la APTIJ (Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Jurados) a raíz de esta polémica, las traducciones juradas debe realizarlas un traductor jurado con título otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación cumpliendo con los requisitos de la Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre. Además, es fundamental evitar prácticas o mensajes confusos para los usuarios, dado el gran desconocimiento general sobre la traducción jurada. La profesión del traductor está, en general, muy desprofesionalizada y con frecuencia se enfrenta al intrusismo y prácticas que, aunque sin ser ilegales, no contribuyen a avanzar en esta profesionalización. La APTIJ considera este tipo de prácticas desafortunadas, pues contribuyen a la desinformación de los clientes, y así lo hace constar en un comunicado publicado hoy mismo.
El traductor jurado es, ante todo, un traductor
Como bien deja patente en su comunicado, por parte de la APTIJ, «no se concibe poner un sello en una traducción que no se haya hecho íntegramente por el propio traductor jurado. La función que el Estado atribuye a los traductores jurados es la de dotar de seguridad jurídica al tráfico de documentos redactados en lengua extranjera, lo cual tiene gran importancia dado que otros basan sus decisiones en su labor auxiliar. Los documentos que expiden los traductores jurados son oficiales y la persona autorizada para confeccionar un documento de esas características —tras recorrer el oportuno camino para lograr el nombramiento— merece una consideración». ¿Cómo es posible que una agencia que se dedica a esta misma actividad menosprecie tantísimo nuestro trabajo?
Si se permite que el cliente teclee sus datos en una plantilla preaprobada, estamos vendiendo que el traductor jurado no es más que un sello. Pero los traductores jurados no somos unos meros compulsadores de documentos, sino que certificamos el contenido de un documento, y esto conlleva un alto grado de responsabilidad. Esta empresa parece olvidar que la traducción jurada es un trabajo profesional. No puede hacerlo cualquiera ni se puede hacer en un momento. Tampoco parecen saber que un pequeño matiz o una omisión que a lo mejor se considera una tontería puede cambiar todo el sentido de la traducción y suponer el rechazo del documento por parte de la administración o el organismo solicitante, lo cual derivará en más burocracia y un coste mayor para el cliente.
Y si eso ocurre, ¿de quién es la responsabilidad?
Las traducciones juradas son documentos con carácter oficial y validez legal que se solicitan en trámites tan importantes como la homologación de estudios, solicitudes de residencia, inscripciones en el Registro Civil o procesos judiciales, por mencionar algunos. Entonces, ¿si se rechaza un procedimiento oficial porque la traducción de la documentación presentada no es satisfactoria, de quién es la responsabilidad?
Claramente, la responsabilidad legal no recaería sobre la empresa, sino sobre el traductor jurado que, por cuatro duros, se ha prestado a sellar y firmar una traducción realizada por una persona lega en la materia, pero, como decía antes, el verdadero perjudicado es siempre el cliente, que verá su trámite paralizado por haber depositado su confianza en una empresa a la que la calidad y el cliente le importan más bien poco. Y es que por mucha plantilla que tengas…
No hay dos documentos iguales
Si quieres traducir, por ejemplo, un certificado de nacimiento del Reino Unido o un título de idiomas a través de su plataforma, solo tienes que seleccionar «el producto» (cuando esto es un servicio) y añadirlo al carrito (efectivamente, como si de Ikea se tratara). Después, pagas, et voilá, descargas la plantilla traducida para que solo tengas que añadir tus datos. Fácil, ¿verdad? Lo sería si no fuera porque no hay dos documentos iguales.
Todos los documentos tienen observaciones, notas marginales, información manuscrita, sellos que cambian, distintos signatarios, firmas digitales, fechas relevantes… Si pienso en los certificados de nacimiento, me vienen a la cabeza hasta tres modelos diferentes, y ya si hablamos de títulos de idiomas, como los de Cambridge English… Hay hasta cuatro anversos y reversos distintos para cada nivel, y no todos contienen la misma información. Las «plantillas» de todos los tipos de documentos cambian según el año y organismo de expedición, el método de firma, el nivel de estudios, etc. ¿Cuál se supone que está comprando el cliente?
¿Y la Apostilla? Tampoco es siempre idéntica. Sin embargo, ellos ofrecen una plantilla de la Apostilla de la Haya. ¿Y si el cliente compra su plantilla, presenta el documento sin saber que tenía que estar apostillado y se lo rechazan? ¿Le devolverán el dinero? ¿O le dirán que tendría que haberlo sabido? Yo creo que el valor de un servicio personalizado no se puede reemplazar.
«Ya, pero es que cuesta la mitad y revisan la traducción…»
No compres argumentarios baratos, que lo barato sale caro. La traducción es ya de por sí una profesión en la que cuesta cobrar unas tarifas dignas porque, por desgracia, mucha gente cree que este es un trabajo que puede hacer cualquiera, y quizá la traducción jurada es (o era) uno de los pocos ámbitos que se mantenía a salvo porque, como decimos, las traducciones juradas debe realizarlas un traductor jurado con título otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Hasta que llegó «el Frankenstein de las traducciones», como ha bautizado un compañero en Twitter a esta empresa.
Como bien explica la compañera Rosa Llopis en este hilo, en el momento en el que banalizas la traducción de unos documentos oficiales con plantillas que cumplimenta el cliente, todo lo demás va detrás, ya que no solo los documentos de las administraciones públicas son susceptibles de traducción jurada. También lo son los expedientes académicos, las escrituras notariales, las sentencias judiciales, los informes médicos y hasta los correos electrónicos, pero para ellos no hay plantilla. Entonces, el cliente que tenga que traducir el título universitario junto con la certificación académica o el Suplemento al Título no entenderá por qué traducir el primero cuesta solo 20 euros, y la otra traducción cuesta el doble o el triple.
A la larga, el IKEA de las traducciones no tendrá más remedio que bajar sus tarifas, y cuando empiezas a competir por precio, no hay vuelta atrás. ¿Qué ocurre, además, cuando se ajustan los precios a la baja? Que quien hace la traducción no pierde tiempo en hacer bien su trabajo porque necesita trabajar más para ganar lo mismo. El proceso, como estamos viendo, se mecaniza y los matices, los elementos que diferencian cada documento, se pasan por alto porque las traducciones no se revisan debidamente. A la empresa le renta porque se llena los bolsillos (sobre todo si solo tienes a uno o dos traductores jurados en plantilla, y el resto son becarios o estudiantes en prácticas que trabajan completamente gratis y, además, asfixiados), pero de nuevo olvida lo más importante: la calidad y la ética profesional.
Por no hablar de la competencia desleal que trae consigo o de lo grave que es el hecho de que sellen y firmen una traducción jurada realizada por el cliente sin haber visto el documento original, puesto que en la certificación que el traductor jurado debe añadir al final del documento, este da fe que se trata de la «traducción fiel y completa de un documento redactado en X lengua». ¿Cómo certificas eso si no dispones del documento original y ni siquiera has hecho tú la traducción?
Considero que con este sistema de «tú traduces, nosotros validamos» se han cruzado todas las líneas. De nuevo, aludo a lo publicado por la compañera Rosa Llopis en su cuenta de Twitter: «la codicia está haciendo que cualquier laguna legal, por pequeña que sea, se aproveche para sacar más dinero a costa de la ignorancia del cliente final». El problema de la agencia a la que nos referimos es que quien está al mando no es traductora, nunca ha ejercido como tal, y no sabe realmente lo compleja (a la par de bonita) que es nuestra profesión. Por eso no la valora y solo busca enriquecerse a costa del trabajo y la dignidad de sus clientes y empleados.
Somos muchas las pequeñas empresas y los traductores autónomos (jurados y no jurados) que hacemos bien nuestro trabajo, respetamos tanto la profesión como las tarifas de los compañeros y nos esforzamos cada día por dar a nuestros clientes el servicio personalizado y la calidad que merecen. Por eso, da tanta rabia que agencias del sector incurran en estas malas prácticas empresariales sin que pase absolutamente nada porque, por desgracia, la Oficina de Interpretación de Lenguas (el máximo órgano de la Administración del Estado en materia de traducción e interpretación de lenguas) carece de capacidad sancionadora.
Quiero aprovechar este artículo para animar a mis compañeros de gremio a que sigan denunciando públicamente cualquier comportamiento de este tipo y a que no se «bajen los pantalones» (yo no lo voy a hacer) ante esta amenaza a nuestras tarifas. Y, por último, a los (potenciales) clientes/as: no os dejéis engañar. Si necesitáis una traducción jurada es porque estáis inmersos/as en un trámite importante que seguro vale más que los diez euros que os vais a ahorrar si confiáis en esta empresa, que solo busca enriquecerse a costa de todos/as. Deja tus documentos en manos de una agencia o profesional que realmente te respete a ti y respete esta profesión.