Por un colegio oficial de traductores jurados

En esta nueva entrada quiero tratar un asunto del cual no he hablado antes y que, sin embargo, nos atañe e interesa a todos los profesionales del sector de la traducción, y casi me atrevo a decir que, especialmente, de la traducción jurada. Y es que nuestra profesión, poco visible y con una normativa más bien escasa, es la gran desconocida del mundo de la traducción, lo cual suele generar confusión en los clientes que requieren este servicio.

Nadie pone en duda la necesidad de que existan colegios oficiales de abogados, médicos o psicólogos. De hecho, se considera normal. Vemos sus números de colegiados cada vez que acudimos a sus clínicas, consultas u oficinas, lo cual proporciona una imagen más profesional, si cabe, de su actividad. Pero ¿qué ocurre con los traductores? ¿Y los traductores jurados? ¿Quién vela por nosotros? ¿Y por nuestros clientes? Sigue leyendo porque hoy te hablo de este tema que tanta repercusión tiene en nuestra vida práctica.

¿Qué es un colegio profesional?

Un colegio profesional o colegio oficial es una «asociación profesional o gremial integrada por quienes ejercen una profesión liberal y que suele estar reconocida o controlada por el Estado y las normativas nacionales». Su función principal es velar por el cumplimiento de una buena labor profesional y, por ello, se encargan de regular el ejercicio de la profesión, representarla institucionalmente cuando corresponde, proteger los derechos de los consumidores y defender los intereses profesionales de las personas colegiadas.

¿Existe un colegio oficial de traductores?

No hay un colegio oficial que dé amparo a los traductores. Lo que sí existen son diversas asociaciones profesionales, aunque sus funciones no son las mismas que las de un colegio profesional. Estas organizaciones, no obstante, trabajan mucho por, entre otras cosas, impulsar el reconocimiento de nuestra profesión, ofrecer bolsas de empleo, impartir formación tanto a los traductores profesionales como a los socios extraordinarios que desean adquirir habilidades y competencias de cara a su futura inserción laboral, brindar asesoramiento jurídico y fiscal, elaborar bases de datos de socios profesionales o establecer un contacto directo y constante entre los distintos profesionales del sector.

Tampoco existe en España un colegio oficial de traductores jurados. El organismo que regula el ejercicio de nuestra profesión es la Oficina de Interpretación de Lenguas, una de las unidades más antiguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC). El propio Ministerio nos asigna a cada uno un número de traductor jurado que figura tanto en nuestro sello como en el carnet que nos identifica. Pero, ojo, se trata únicamente de un número de orden y, en ningún caso, implica colegiación.

Asociaciones profesionales de traductores en España

Entre las asociaciones profesionales de traductores que existen en España cabe mencionar:

• La Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (ASETRAD)
• La Asociación Española Universitaria de Traductores e Intérpretes en Formación (AETI)
• La Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes (APETI)
• La Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE), la cual vela por las necesidades e intereses de los traductores audiovisuales, ajustadores y audiodescriptores de España, o
• La Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ), que reúne a profesionales de la traducción y de la interpretación que actúan en las sedes judiciales y policiales, a traductores jurados nombrados por el MAEC y a docentes e investigadores del ámbito de la traducción e interpretación jurídica o jurada.

¿Por qué es necesaria la creación de un colegio profesional de traductores?

Aunque es muy positivo para los traductores profesionales que se impulsen actividades de asociacionismo, la realidad es que dichas asociaciones no regulan el ejercicio de nuestra actividad y, por consiguiente, no pueden llegar a sustituir la labor de un colegio profesional. A continuación, quiero compartir algunos de los motivos por los que desde Between Traducciones abogamos por la creación de un colegio oficial de traductores.

Se evitaría el intrusismo laboral

Una de las condiciones requeridas a la hora de crear un colegio profesional es la «existencia de un título académico oficial que respalde el ejercicio de la profesión». Ello implica que quienes deseen ejercer como traductores o traductores jurados deberán cumplir una serie de requisitos y estar debidamente titulados, lo cual ayudaría a terminar con el intrusismo laboral, sin duda uno de los grandes problemas a los que debemos hacer frente los traductores profesionales.

Y es que parece que traducir lo puede hacer cualquiera, incluso hay quienes se atreven a entregarnos traducciones realizadas por ellos mismos que «únicamente hay que jurar». Eso sí, sin tener noción alguna de traducción y sin conocer, por ejemplo, el formato que siguen las traducciones juradas. ¡Como si fuera tan fácil! También es frecuente dar con expertos de otras ramas o, simplemente, nativos de otros idiomas que se aventuran a ejercer como traductores profesionales sin tener ningún tipo de formación o experiencia previa en este ámbito ni conocer la situación del mercado. El mero hecho de dominar varios idiomas les parece requisito suficiente.

Claramente, los grandes perjudicados por esta situación de intrusismo laboral son los traductores y los traductores jurados cualificados y experimentados que tratan de abrirse camino y sobrevivir en una profesión poco reconocida y valorada, pero tampoco me quiero olvidar de los clientes. Casualmente, los «intrusos laborales» suelen ofrecer tarifas considerablemente inferiores a las del sector, bien por desconocimiento, bien porque únicamente les interesa ganar clientes y llenar su bolsillo, sin importarles estar degradando la profesión. Al final, los clientes que caigan en el error de darles su confianza recibirán una traducción pobre en calidad y, en muchos casos, tendrán que solicitar una revisión o una segunda traducción, lo cual supondrá un coste adicional para ellos. Y es que, a veces, lo barato sale caro.

Se regularían las tarifas

Aunque, en la actualidad, la Ley sobre Colegios Profesionales estipula que «los colegios profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales», quizá si existiera un colegio profesional de traductores o un colegio oficial de traductores jurados podríamos encontrar el modo de acabar con la competencia desleal que afecta a nuestra actividad.

Como mencionaba en el apartado anterior y comenté en el último artículo publicado en nuestro blog, hay trabajadores autónomos y agencias de traducción que ofrecen tarifas excesivamente bajas con la idea de que así conseguirán más clientes. De lo que quizá no son conscientes es de que también están denigrando el trabajo y esfuerzo de quienes tratan de vivir dignamente de la traducción o la traducción jurada. Quizá con la ayuda de un colegio profesional conseguiríamos establecer unas tarifas que representaran el tiempo que requiere y la complejidad que entraña nuestro trabajo. Así, al aplicar todos las mismas tarifas, el cliente basaría su decisión exclusivamente en la calidad de las empresas de traducción, los plazos de entrega o la confianza que le inspire una u otra. Estoy segura de que, así, tanto las agencias como los profesionales autónomos se esforzarían por ser atractivos desde ese punto de vista, mejorar la calidad de sus traducciones y resolver los reclamos de sus clientes de un modo más eficiente.

Se evitarían las traducciones juradas fraudulentas

Dentro del sector de la traducción, la traducción jurada es la única actividad medianamente regulada, pero aún queda mucho trabajo por hacer y problemáticas por resolver. Hace mucho tiempo, casi con el nacimiento de nuestro blog, publicamos una entrada sobre el mercado negro de las traducciones juradas tras conocerse el caso de una «falsa» traductora jurada que había sido arrestada por traducir y jurar una serie de traducciones utilizando la firma y el número de orden de otra profesional sin que, por supuesto, esta supiera nada. No es habitual, pero en ocasiones ocurre, y no hay forma de controlarlo, dado que no existe una normativa que establezca unos requisitos mínimos de seguridad.

También hay agencias de traducción que, con el único fin de inflar su facturación, contratan a un solo traductor jurado que se encarga de sellar y firmar las traducciones, que, en realidad, son realizadas por traductores no jurados o, incluso, alumnos en prácticas que ni siquiera están titulados. Y ya para rematar, podemos de hablar de aquellos traductores que «alquilan» su sello a una empresa de traducción a cambio de una remuneración. Así, la empresa puede ofrecer un servicio de traducción jurada sin necesidad de contratar a nadie, y el traductor jurado recibe una retribución sin hacer absolutamente nada.

A través de diversos comunicados, la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) ha reiterado en multitud de ocasiones la necesidad de que los organismos competentes modernicen la legislación e introduzcan los elementos necesarios para minimizar al máximo el riesgo de falsificación. Y¿qué tipo de medidas se podrían tomar? Por ejemplo, el uso obligatorio tanto de sellos de seguridad como de papel timbrado exclusivo, la incorporación de una firma electrónica reconocida o el mantenimiento de un registro de traducciones juradas. Es cierto que algunos traductores y agencias de traducción presentamos nuestros trabajos en papel timbrado, pero, realmente, no es obligatorio y, por supuesto, no es de uso exclusivo.

Si contáramos con un colegio oficial de traductores jurados que apoyara y respaldara las reivindicaciones que desde nuestro sector se han demandado durante años, seguramente sería más sencillo implantar dichas mejoras. Sin embargo, hasta que eso ocurra (si es que llega a ocurrir), no queda más que ser precavido. Mi consejo es que, antes de contratar un servicio de traducción jurada, compruebes la existencia del traductor jurado o la empresa de traducción en cuestión. Asegúrate de que, por ejemplo, existe una página web en la que aparecen los datos de la empresa y una descripción de sus servicios, y confirma que esta aparece también en Maps, lo cual indica que está verificada por Google y, por tanto, es real y se ubica en el lugar indicado. También es buena idea leer las reseñas de otros clientes y colaboradores, las cuales encontrarás al buscar el nombre de la empresa en Google. Finalmente, es buena idea que verifiques los datos del traductor jurado en el listado que facilita el propio Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. En él encontrarás su nombre, dirección postal, teléfono, correo electrónico y número de orden.

Quiero aprovechar este espacio para advertiros acerca de quienes dicen ser «traductores certificados» o «traductores notariales». Los únicos profesionales habilitados para realizar traducciones oficiales son los traductores jurados nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC). Como comentaba antes, si quieres constatar la acreditación del traductor antes de enviarle tus documentos y confirmar el trabajo, puedes hacerlo en el listado antes mencionado, el cual se publicó y actualizó por última vez el pasado 9 de agosto de 2018.

 Se fomentaría la ética a todos los niveles

Una de las funciones que desarrollan los colegios oficiales es la de elaborar un código deontológico, es decir, marcar una serie de pautas de actuación éticas que no contravengan la moral del profesional y mejoren la calidad profesional de los trabajadores. Es cierto que las asociaciones profesionales suelen tener su propio código deontológico, pero, como mencionaba antes, su labor no es la de regular nuestra profesión. Si contáramos con un colegio profesional de traductores que reglara las condiciones en las que los traductores y los traductores jurados ejercen su actividad y sancionara a aquellos que incumplieran los preceptos establecidos, seguramente se evitaría que:

• Los traductores cometieran acciones que pudieran perjudicar el prestigio de la profesión como, por ejemplo, ostentar títulos que realmente no posean o aceptar trabajos para los cuales no estén cualificados, cuya calidad no puedan asegurar, bien por desconocimiento del tema del texto y de la terminología empleada en el sector, bien porque no dominan suficientemente el par de lenguas de trabajo, o cuyo plazo no puedan cumplir.

• Los traductores aceptaran condiciones de trabajo indignas para ellos mismos o para la profesión, y que las agencias de traducción las ofrecieran. Como ya he comentado anteriormente, es fácil encontrar traductores autónomos que, bien porque se están iniciando en la profesión y les da igual todo con tal de trabajar, bien porque lo único que les importa es ganar clientes y facturar, aunque ello suponga «autoesclavizarse» a cambio de «propinas», están dispuestos a trabajar por una tarifa salarial considerablemente más baja que la tarifa real del mercado. Y luego están las empresas de traducción que pretenden pagar a sus colaboradores entre 0,01 y 0,04 cts./palabra y a sus trabajadores en plantilla menos que el salario mínimo interprofesional, tanto que, en ocasiones, ni les pagan. Y eso por no hablar de los chanchullos que algunas llevan a cabo en relación con las condiciones de cotización de sus trabajadores. Pero, ojo, casi tanta culpa tiene la agencia de traducción que impone estas condiciones como el trabajador que las acepta. Todos sabemos que los comienzos son duros, pero un traductor profesional debe empezar por respetarse a sí mismo y ejercer la profesión de forma digna y eficaz.

• La morosidad. Como mencionaba en el apartado anterior, por desgracia son bastantes las empresas de traducción que no abonan las facturas a sus colaboradores externos, «contratan» becarios a los que pagan muy poco dinero o, directamente, no pagan, u ofrecen condiciones de facturación a 45, 60 o, incluso, 90 días que rozan la ilegalidad (ello sumado al tiempo que tardas en conseguir que, transcurridos esos meses, el pago se haga efectivo). De hecho, recientemente, ha saltado a la prensa los retrasos en el pago de sus nóminas que vienen sufriendo los traductores e intérpretes contratados para desempeñar tareas de primer orden para la Policía Nacional. Si contáramos con una corporación que defendiera y garantizara las condiciones contractuales apropiadas, estas situaciones seguramente no se darían.

• La guerra publicitaria y otras prácticas inadecuadas, como la competencia desleal, de la que ya hemos hablado antes. Se evitaría también que las agencias de traducción causaran un perjuicio injustificado a sus competidoras a través de, por ejemplo, malas prácticas en Internet con el fin de arruinar su reputación online.

Se harían valer los derechos del cliente

Es cierto que la creación de un colegio oficial de traductores nos permitiría defender nuestros intereses profesionales, pero ¿quién defiende los derechos de nuestros clientes? No existe ningún órgano al que puedan acudir si, por ejemplo, el traductor o la agencia de traducción contratado interrumpe la prestación de sus servicios profesionales sin comunicarlo con antelación suficiente o decide desaparecer ante una reclamación, queja o problema con su traducción o traducción jurada. Contar con un colegio profesional de traductores ayudaría, asimismo, a garantizar los intereses de los clientes con respecto a la confidencialidad y a evitar que se haga uso de su información para provecho personal del trabajador.

Cabe mencionar también lo útil que sería para nuestros clientes tener una corporación a la que dirigirse en caso de necesitar una traducción jurada y no saber dónde acudir. Son muchos los clientes que contactan con la Oficina de Interpretación de Lenguas creyendo que esta ofrece ese servicio y encuentran como respuesta que «eso deben hacerlo ellos mismos con su correspondiente coste». Estoy segura de que nuestros clientes agradecerían que existiera un colegio oficial de traductores jurados que preservara sus intereses, resolviera sus dudas, les explicara cómo y dónde encontrar un traductor jurado y les ofreciera soluciones en caso de conflicto.

Como todo en esta vida, los colegios profesionales también tienen detractores. Hay quienes critican que, por ejemplo, aquellos que deseen colegiarse deban pagar una cuota anual (que, en algunos casos, es elevada) para poder disfrutar de sus servicios. Sin embargo, en Between Traducciones, creemos que la creación de un colegio oficial de traductores solucionaría muchas de las problemáticas antes expuestas y confiamos en que, algún día, se pueda llevar a cabo. ¿Qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con nosotros? ¿Qué problemas o aspectos negativos crees que aportaría la creación de un colegio profesional de traductores? ¿Y de un colegio oficial de traductores jurados? Aquí debajo puedes dejar tu comentario. ¡Nos leemos!